Hombres, mujeres, niños y niñas pueden ser objeto de trata para fines muy diversos, como la explotación sexual y el trabajo forzado. También se ha detectado en el Estado español víctimas de trata captadas con objeto de ejercer la mendicidad someterse a matrimonios forzados o trabajar para la industria de la pornografía. La discriminación y la vulneración de los derechos humanos son causa y efecto de este grave delito.
Las personas víctimas de trata permanecen ocultas y atemorizadas durante años, sometidas a explotación de todo tipo, entre ellas laboral y sexual por miedo y falta de respuesta de los poderes públicos en cuanto a la protección y garantía de sus derechos.
Los esfuerzos en perseguir este delito se ven a menudo invalidados cuando los países restringen las vías legales y seguras de entrada a su territorio, lo que provoca que las víctimas no puedan escapar de sus captores, que además se benefician de políticas migratorias “fortaleza” para ocultar sus prácticas.
En el caso del Estado español nos preocupa especialmente:
-El sistemático incumplimiento del principio de no devolución que impide identificar a víctimas de trata y expulsarlas sin que se les ofrezca la protección a la que tienen derecho.
-Que el derecho de asilo no sea en un mecanismo de defensa para las víctimas de trata. Una víctima de trata tiene derecho a recibir protección internacional (asilo o protección subsidiaria) si existe riesgo de persecución o daños graves en caso de que vuelva al país de origen.
-La falta de recursos suficientes para atender a las víctimas, y que existan mecanismos de protección adecuados para aquellas que no se atreven a denunciar, o cuya denuncia no consigue detener explotadores, que las deja doblemente desprotegidas y sin opciones para reanudar sus vidas.
-La ausencia de una ley que contemple las diferentes modalidades de explotación existentes provocando que las víctimas de trata en general no cuenten con una verdadera protección, limitándose en el caso de las extracomunitarias a la obtención de la documentación de residencia.
-La tendencia por parte de las autoridades a desincentivar a aquellas víctimas de trata a que soliciten el acceso a protección internacional cuando deberían ser documentadas como refugiadas.
Ante esta grave situación de desprotección, en el Día Internacional contra la trata de personas recordamos a los poderes públicos españoles que tienen la obligación de proteger y apoyar a las víctimas de trata y dar una respuesta eficaz a través de la justicia penal que ponga fin a la impunidad de los traficantes, para lo cual exigimos:
· Una ley integral contra la trata y un plan de lucha contra la explotación laboral, que contemple las diferentes modalidades de explotación existentes como instrumentos eficaces.
· Aumentar los recursos para identificar y asistir a las víctimas, mejorar las acciones del sistema judicial, la protección de testigos para las víctimas y seguir mejorando la capacitación de la policía para que sean capaces de identificarlas de una manera adecuada y eficaz.
· Poner fin a todas las prácticas que no garantizar el principio de no devolución como las devoluciones sumarias y exprés en Ceuta y Melilla.
Recordamos que el Estado español tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de las víctimas de la trata prestando asistencia humanitaria, jurídica y financiera y de intensificar la cooperación internacional para combatir y poner fin a este grave delito.
· Una ley integral contra la trata y un plan de lucha contra la explotación laboral, que contemple las diferentes modalidades de explotación existentes como instrumentos eficaces.
· Aumentar los recursos para identificar y asistir a las víctimas, mejorar las acciones del sistema judicial, la protección de testigos para las víctimas y seguir mejorando la capacitación de la policía para que sean capaces de identificarlas de una manera adecuada y eficaz.
· Poner fin a todas las prácticas que no garantizar el principio de no devolución como las devoluciones sumarias y exprés en Ceuta y Melilla.
Recordamos que el Estado español tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de las víctimas de la trata prestando asistencia humanitaria, jurídica y financiera y de intensificar la cooperación internacional para combatir y poner fin a este grave delito.
