A día de hoy, la pobreza afecta a 120 millones de personas en la Unión Europea (UE). Esta es una de las cifras escandalosas que nos deja el retroceso que en materia de políticas sociales y de derechos humanos está sufriendo la ciudadanía de los países que conforman la UE. No podemos aceptar que las instituciones comunitarias y los Gobiernos nacionales renuncien a sus objetivos de reducción de la pobreza y la desigualdad en Europa. El 78% de la ciudadanía europea considera necesario "ayudar a las personas excluidas socialmente, para que puedan desempeñar un papel activo en la sociedad".
brecha de la desigualdad social, alejando a la ciudadanía de las instituciones.
La reducción de las partidas presupuestarias para educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, empleo, etc. supone un retroceso para la sociedad. Los gastos sociales deben ser considerados inversión para el desarrollo humano y, por tanto, de máxima prioridad. En este sentido, es necesaria una dotación presupuestaria suficiente para reducir la pobreza infantil y de las familias, así como para atender las situaciones más graves de sinhogarismo.
En muchos países se está poniendo en peligro la cohesión social, especialmente en los que se mantienen bajo los programas impuestos por la Troika. En España, el 27% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social y tres millones de personas sufren pobreza severa. Son datos que no hacen más que recordarnos que las ‘recetas’ de la austeridad no funcionan y que es ahora, más que nunca, cuando debemos destinar recursos económicos y humanos a la inversión social y al desarrollo productivo, si no queremos que la fractura de la sociedad amenace los cimientos de la propia democracia.
