Según el ministro del Interior ya se ha devuelto a más de 2.700 personas en el marco del Acuerdo entre España y Marruecos que facilita las devoluciones exprés contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Recordamos que “las expulsiones colectivas o en caliente no están permitidas por ley y que debe de individualizarse cualquier tipo de medida”, como establecieron las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 13 de febrero de 2020 y el Tribunal Constitucional el 19 de noviembre de 2020.
Entre las personas que están llegando a Ceuta, se estima que más de 1.500 son niñas, niños y jóvenes. Insistimos en que los derechos fundamentales no deben vulnerarse bajo ninguna circunstancia, especialmente en lo referente a la protección de la infancia y el interés superior del menor, y deben cumplirse los protocolos establecidos, tanto en la normativa interna como en los acuerdos internacionales suscritos por España, que ponen la condición de la infancia en el centro, por delante de la condición migratoria.
Ante la manifestación de “máxima firmeza” realizada por el presidente Pedro Sánchez y, frente al despliegue del ejército en la zona del vallado de Ceuta y Melilla, así como a la utilización de material antidisturbios, mostramos nuestra preocupación ante la apuesta por medidas de disuasión y bloqueo en las fronteras que provocan la criminalización de las migraciones y derivan en confrontación social.
Esta beligerancia se identifica también en el discurso político, por lo que hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que en su discurso prevalezca el respeto y la humanidad intrínseca en las migraciones, desechando discursos alarmistas, criminalizadores y beligerantes que siembran la base del discurso de odio.
Finalmente, queremos trasladar nuestra solidaridad al pueblo ceutí que, ante la falta de respuesta adecuada por parte de los diferentes gobiernos españoles, vive una sensación de inseguridad y desconcierto, que es aprovechada por quienes alimentan los discursos de odio para promover la división social y criminalizar a las personas migrantes.
Las organizaciones firmantes pedimos:
– Que se respete, proteja y garantice los derechos humanos y la dignidad de las personas facilitando vías regulares y seguras que no pongan en riesgo la vida de quienes ejercen su derecho a la libre circulación.
– Que se garantice la seguridad de las personas vulnerables, como la infancia en movimiento o posibles víctimas de redes de tráfico y/o trata.
– Que se preste una información veraz desde un enfoque de derechos, sin ejercer como altavoz de los discursos de odio, de la criminalización y de la generación de estereotipos y prejuicios.
Realizamos un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que se aplique una política migratoria coherente, que priorice el respeto de los derechos humanos, la solidaridad y la dignidad de las personas.
