Desde Red Acoge nos unimos a la celebración del
Día Mundial de las Personas Refugiadas (20 de JUNIO) para reconocer el valor, la fuerza, la lucha y la perseverancia de las millones de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares al ver amenazada su vida.
Más de 68,5 millones de personas ven sistemáticamente vulnerados sus derechos y se enfrentan
a numerosas trabas y obstáculos para poder acceder a la protección internacional, según datos de
ACNUR. Una cifra sin precedentes, que refleja niveles altos de desplazamiento jamás registrados.
En el caso del sistema de asilo español, las personas solicitantes de protección internacional se
enfrentan a numerosos impedimentos tanto en la tramitación de las solicitudes como en el sistema
de acogida que no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos.
El procedimiento para la formalización de las solicitudes de asilo incumple con las directivas
europeas dejando en una grave situación de desprotección y vulnerabilidad a estas personas,
principalmente por el incumplimiento de los plazos legales establecidos para obtener o renovar la
tarjeta de solicitante de protección internacional.
Las autoridades competentes tienen la obligación que el trato reservado a las personas
solicitantes de asilo se ajuste a las normas internacionales. Sin embargo, en el sistema español no
existen las garantías necesarias. La ausencia de espacios y medios para garantizar la libertad de
expresión y cuidar la intimidad de las personas y la escasez de personal cualificado son causa de
numerosas irregularidades en el sistema.
Las personas que consiguen acceder al sistema de acogida, se enfrentan a un procedimiento
ineficaz e inflexible que no facilita, y a menudo entorpece, la inclusión de las personas en nuestro
país. La persona tiene que adaptarse al sistema en vez de que este atienda sus demandas y
vulnerabilidades específicas.
Las personas refugiadas tienen derecho a un empleo remunerado, a una vivienda digna, a
educación pública gratuita, asistencia médica en las mismas condiciones que la ciudadanía del
país, a la libertad de circulación por el territorio, libertad de religión, acceso a los tribunales y
obtención de documentos de identidad y viajes. El sistema de asilo debe facilitar los mecanismos
para que estos derechos sean efectivos.
Sin embargo, los procedimientos establecidos no permiten detectar ni atender situaciones de
especial vulnerabilidad; los itinerarios son inflexibles en cuanto a los tiempos, las prioridades y la
localización territorial de las personas. La denegación repentina de la solicitud de asilo deja a las
personas en una situación de especial vulnerabilidad abocados a sobrevivir a políticas públicas
locales.
Ante esta situación y coincidiendo con el Día Mundial de las personas refugiadas, reclamamos la
urgencia de:
Establecer un sistema flexible en cuanto a la atención de las personas y sus familias, de
forma que se puedan determinar medidas específicas para cada persona dependiendo de
su propia situación, garantizando de esta forma sus derechos y cumpliendo los
compromisos adquiridos en el ámbito del reasentamiento y reubicación.
Transponer las directivas europeas, entre ellas la Directiva sobre acogida para garantizar
unas condiciones dignas para todas las personas. Son necesarios más recursos a corto
plazo para acabar con los retrasos de las solicitudes de protección internacional, así como
una mayor coordinación entre las diferentes Administraciones públicas y las entidades de
tercer sector.
Desarrollar el Reglamento de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección
subsidiaria.
Asegurar que ninguna persona solicitante de asilo pueda ser deportada por las graves
consecuencias que esta decisión implica.
Exigimos al Gobierno y a los partidos políticos que realicen una profunda revisión del sistema de
asilo y acogida para respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas solicitantes de
asilo en todo su proceso de integración.
