martes, 24 de julio de 2018

PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD EN EL TRABAJO DE HOGAR Y CUIDADOS


Desde Madrid, Red Acoge junto a otras entidades continúan trabajando por la equiparación del trabajo de hogar y cuidados, os dejamos col algunas de sus propuestas


RESUMEN DE LA PLATAFORMA REIVINDICATIVA
TRABAJO DE HOGAR Y DE CUIDADOS CON PLENOS DERECHOS
Reunión de las entidades de empleo de hogar y de cuidados con el Secretario de Estado de
Seguridad Social y la Secretaria de Estado de Igualdad (20 de julio de 2018)

75 propuestas para la equiparación de plenos derechos en el trabajo de hogar y de cuidados.
Las asociaciones de trabajadoras de hogar y de cuidados y las entidades sociales vinculadas al sector, coordinadas a nivel estatal, presentamos este viernes 20 de julio al Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y a la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, una tabla reivindicativa con más de 75 propuestas para acabar con la discriminación histórica de este colectivo.
Son 75 medidas que consideramos urgentes para lograr la mejora de las condiciones laborales y en protección social de las trabajadoras de hogar y de cuidados. Disposiciones que, al tiempo que exigen y reivindican el ejercicio de plenos derechos para este sector, buscan frenar vacíos legales, vulneraciones e incumplimientos de derechos en el marco de esta especial relación laboral, caracterizada por la invisibilidad, la precariedad, la inseguridad y la desprotección.
Cada una de ellas señala un derecho no reconocido, una situación “especial” que mantiene una evidente discriminación respecto al conjunto de trabajadores y trabajadoras, quebrantando las normas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y las directivas europeas e internacionales sobre igualdad y no discriminación.
Somos conscientes, además, que el gran reto es transformar de raíz la forma en la que se estructuran todos los tiempos y trabajos de cuidados, relegados al ámbito privado, doméstico y fuertemente feminizado. Un abordaje integral obliga a partir de las características y composición que el modelo de organización social de los cuidados hoy por hoy tiene: de carácter familiar y asistencial, más acentuado aún por la falta de recursos y servicios para el sistema de atención a las personas en situación de dependencia; fuertemente feminización, tanto en los cuidados remunerados como en los no remunerados, condicionado por políticas de equidad y conciliación insuficientes; y con políticas migratorias que profundizan la vulneración de derechos de quienes están cubriendo la atención a los cuidados en nuestra sociedad.
Es por ello que las propuestas presentadas exigen al gobierno una actuación inmediata y concreta en diferentes ámbitos, porque la mera ratificación de los convenios internacionales de protección como el Convenio 189 de la OIT no garantizan nada si no tienen una traslación directa en la normativa para hacerlos posibles:

1. Equiparación plena de derechos laborales y protección social: con acciones que pasan por el reconocimiento de la prestación por desempleo, la igualdad de condiciones en el cálculo de las pensiones, la eliminación del despido libre en forma de desistimiento o la especial protección en un régimen interno que debe tender a su desaparición por estar expuesto a la explotación laboral, múltiples formas de abuso y vulneración de derechos fundamentales.
Se recogen propuestas tan básicas como la intervención de la inspección de trabajo en el sector y la implementación de instrumentos de control real y efectivo de las contrataciones y condiciones de la relación laboral, reconociendo, por ejemplo, la obligatoriedad a la firma de un contrato escrito en todos los casos o al pago documentado de los salarios.
Reclamamos además medidas de especial protección ante situaciones de violencia sexual o abuso laboral con mecanismos específicos de protección para asegurar entornos de trabajo libres de violencia. El derecho a la atención de la salud, con la incorporación del sector al ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el reconocimiento de las enfermedades profesionales o el derecho expreso para acudir a citas médicas que no puedan fijarse fuera del horario de trabajo. Son demandas que exigen el reconocimiento del trabajo de hogar y cuidados como empleo con plenos derechos equiparado al resto de trabajadoras y trabajadores, ni más ni menos.

2. Política pública de cuidados:
Resulta imprescindible acabar con la destrucción de servicios y recursos del sistema de atención a las personas en situación de dependencia para garantizar los cuidados y bienestar de quienes lo necesitan, incorporando el acceso a los cuidados como derecho esencial y accesible a todas y todos y no sólo a quienes puedan pagarlo.
Apostamos para ello por la reconfiguración del marco actual integrando los cuidados prestados en el domicilio en el sistema público de atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo de la autonomía personal. Proponemos que los costes de contratación de las y los cuidadores en los domicilios sea reconocida como prestación pública según el nivel de renta de las y los usuarios, con el objetivo de garantizar las necesidades de atención y cuidado para los sectores con menos recursos.
No admite más demora la integración expresa del sector en las políticas de equidad. La introducción de la perspectiva de género en toda la normativa que afecta al sector es fundamental para evitar la discriminación indirecta de un colectivo compuesto en más de un 95% por mujeres, así como un enfoque interseccional en todas las medidas implementadas, de modo que se eviten las múltiples discriminaciones que afectan a este colectivo (por género, procedencia y estatus migratorio, por edad en el numeroso grupo de mujeres mayores de 64 años que continúan trabajando para cubrir su jubilación...).
Las políticas de equidad y redistribución de los tiempos de vida laboral, personal y familiar no pueden hacerse de espaldas a las personas que los hacen posibles. El derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral también debe estar reconocido para aquellas personas que permiten la conciliación de otras.

3. Derechos de las personas migrantes:
El elevado porcentaje de trabajadoras de origen migrante, junto a las altas tasas de economía sumergida que se dan en esta ocupación como consecuencia de las situaciones de irregularidad administrativa, ponen el eje en las políticas migratorias y los efectos de exclusión y precariedad laboral que generan. Nuestra propuesta pasa por reconocer los derechos de las más de 200.000 personas que se encuentran trabajando sin contrato en el sector y se promueva la incorporación de sus cotizaciones a la hucha de la seguridad social.
Es urgente que, como se reclama desde tantos sectores sociales, se emprendan cambios legislativos en materia de inmigración para que se proteja la vida de las personas, se garanticen los derechos humanos y se facilite la inclusión social y laboral de quienes viven en nuestro territorio, con igualdad de derechos.

Presentamos 75 derechos no reconocidos y 75 propuestas para tener cuidados dignos con trabajo digno. Ya es hora.

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