Desde Madrid, Red Acoge junto a otras entidades continúan trabajando por la equiparación del trabajo de hogar y cuidados, os dejamos col algunas de sus propuestas
RESUMEN
DE LA PLATAFORMA REIVINDICATIVA
TRABAJO
DE HOGAR Y DE CUIDADOS CON PLENOS DERECHOS
Reunión
de las entidades de empleo de hogar y de cuidados con el Secretario de Estado
de
Seguridad
Social y la Secretaria de Estado de Igualdad (20 de julio de 2018)
75 propuestas
para la equiparación de plenos derechos en el trabajo de hogar y de cuidados.
Las
asociaciones de trabajadoras de hogar y de cuidados y las entidades sociales
vinculadas al sector, coordinadas a nivel estatal, presentamos este viernes 20
de julio al Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y a
la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, una tabla reivindicativa
con más de 75 propuestas para acabar con la discriminación histórica de este colectivo.
Son 75 medidas
que consideramos urgentes para lograr la mejora de las condiciones laborales y
en protección social de las trabajadoras de hogar y de cuidados. Disposiciones
que, al tiempo que exigen y reivindican el ejercicio de plenos derechos para
este sector, buscan frenar vacíos legales, vulneraciones e incumplimientos de
derechos en el marco de esta especial relación laboral, caracterizada por la
invisibilidad, la precariedad, la inseguridad y la desprotección.
Cada una de
ellas señala un derecho no reconocido, una situación “especial” que mantiene una
evidente discriminación respecto al conjunto de trabajadores y trabajadoras, quebrantando
las normas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y las directivas
europeas e internacionales sobre igualdad y no discriminación.
Somos conscientes,
además, que el gran reto es transformar de raíz la forma en la que se estructuran
todos los tiempos y trabajos de cuidados, relegados al ámbito privado,
doméstico y fuertemente feminizado. Un abordaje integral obliga a partir de las
características y composición que el modelo de organización social de los
cuidados hoy por hoy tiene: de carácter familiar y asistencial, más acentuado
aún por la falta de recursos y servicios para el sistema de atención a las personas
en situación de dependencia; fuertemente feminización, tanto en los cuidados remunerados
como en los no remunerados, condicionado por políticas de equidad y
conciliación insuficientes; y con políticas migratorias que profundizan la vulneración
de derechos de quienes están cubriendo la atención a los cuidados en nuestra
sociedad.
Es por ello
que las propuestas presentadas exigen al gobierno una actuación inmediata y
concreta en diferentes ámbitos, porque la mera ratificación de los convenios
internacionales de protección como el Convenio 189 de la OIT no garantizan nada
si no tienen una traslación directa en la normativa para hacerlos posibles:
1. Equiparación plena de derechos laborales
y protección social: con acciones que pasan por el reconocimiento de la
prestación por desempleo, la igualdad de condiciones en el cálculo de las pensiones,
la eliminación del despido libre en forma de desistimiento o la especial
protección en un régimen interno que debe tender a su desaparición por estar
expuesto a la explotación laboral, múltiples formas de abuso y vulneración de
derechos fundamentales.
Se recogen
propuestas tan básicas como la intervención de la inspección de trabajo en el
sector y la implementación de instrumentos de control real y efectivo de las
contrataciones y condiciones de la relación laboral, reconociendo, por ejemplo,
la obligatoriedad a la firma de un contrato escrito en todos los casos o al
pago documentado de los salarios.
Reclamamos
además medidas de especial protección ante situaciones de violencia sexual o abuso
laboral con mecanismos específicos de protección para asegurar entornos de
trabajo libres de violencia. El derecho a la atención de la salud, con la incorporación
del sector al ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
el reconocimiento de las enfermedades profesionales o el derecho expreso para
acudir a citas médicas que no puedan fijarse fuera del horario de trabajo. Son
demandas que exigen el reconocimiento del trabajo de hogar y cuidados como
empleo con plenos derechos equiparado al resto de trabajadoras y trabajadores,
ni más ni menos.
2. Política pública de cuidados:
Resulta
imprescindible acabar con la destrucción de servicios y recursos del sistema de
atención a las personas en situación de dependencia para garantizar los
cuidados y bienestar de quienes lo necesitan, incorporando el acceso a los cuidados
como derecho esencial y accesible a todas y todos y no sólo a quienes puedan
pagarlo.
Apostamos para
ello por la reconfiguración del marco actual integrando los cuidados prestados
en el domicilio en el sistema público de atención a las personas en situación
de dependencia y el desarrollo de la autonomía personal. Proponemos que los
costes de contratación de las y los cuidadores en los domicilios sea reconocida
como prestación pública según el nivel de renta de las y los usuarios, con el
objetivo de garantizar las necesidades de atención y cuidado para los sectores
con menos recursos.
No admite más
demora la integración expresa del sector en las políticas de equidad. La introducción
de la perspectiva de género en toda la normativa que afecta al sector es fundamental
para evitar la discriminación indirecta de un colectivo compuesto en más de un 95%
por mujeres, así como un enfoque interseccional en todas las medidas
implementadas, de modo que se eviten las múltiples discriminaciones que afectan
a este colectivo (por género, procedencia y estatus migratorio, por edad en el
numeroso grupo de mujeres mayores de 64 años que continúan trabajando para
cubrir su jubilación...).
Las políticas
de equidad y redistribución de los tiempos de vida laboral, personal y familiar
no pueden hacerse de espaldas a las personas que los hacen posibles. El derecho
a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral también debe estar
reconocido para aquellas personas que permiten la conciliación de otras.
3. Derechos de las personas migrantes:
El elevado
porcentaje de trabajadoras de origen migrante, junto a las altas tasas de
economía sumergida que se dan en esta ocupación como consecuencia de las
situaciones de irregularidad administrativa, ponen el eje en las políticas
migratorias y los efectos de exclusión y precariedad laboral que generan.
Nuestra propuesta pasa por reconocer los derechos de las más de 200.000
personas que se encuentran trabajando sin contrato en el sector y se promueva
la incorporación de sus cotizaciones a la hucha de la seguridad social.
Es urgente
que, como se reclama desde tantos sectores sociales, se emprendan cambios legislativos
en materia de inmigración para que se proteja la vida de las personas, se garanticen
los derechos humanos y se facilite la inclusión social y laboral de quienes
viven en nuestro territorio, con igualdad de derechos.
Presentamos 75
derechos no reconocidos y 75 propuestas para tener cuidados dignos con trabajo digno.
Ya es hora.
