Con el nuevo año ha llegado un nuevo gobierno. Se ha perdido mucho tiempo intentando formar dicho ejecutivo, tiempo que se podría haber invertido en trabajo, y por ello, creemos que es mas importante que nunca seguir insistiendo en una serie de medidas en materia de migración que son acuciantes para garantizar el respeto a los derechos humanos en nuestro país.
Medidas que deben suponer un cambio radical en el enfoque y la orientación de la política en materia de asilo e inmigración para que se creen vías seguras adoptando medidas como:
- Aumentar considerablemente los visados humanitarios y de reasentamiento que permitan llegar a las personas refugiadas de forma segura.
- Llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales de facilitación y liberalización de los visados, para, por ejemplo, visitas, trabajo, búsqueda de empleo, reagrupación familiar, reasentamiento de refugiados, actividades humanitarias, estudios, pasantías, jubilación y otros propósitos.
- Facilitar la movilidad por motivos laborales en todos los niveles de cualificación aumentando los visados y permisos de trabajo otorgados.
- Dejar sin efecto de la disposición final primera del régimen especial de Ceuta y Melilla que permite realizar devoluciones sumarias en estos territorios y la disposición adicional decima de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y posibilitar que todas aquellas personas que llegan a territorio español tengan derecho a un procedimiento administrativo con todas las garantías antes de procederse a su expulsión o su devolución.
- Asegurar el acceso al procedimiento de asilo a todas las personas que accedan a territorio nacional con independencia del país de su nacionalidad. No deben existir por lo tanto, listas de países seguros.
- Definir una política clara de actuación ante las embarcaciones que se encuentran en peligro en alta mar acorde con el Derecho Internacional e los Derechos Humanos según el cual una embarcación se encuentra en alta mar, fuera de la jurisdicción de los estados ribereños, los estados tienen la obligación de “prestar auxilio a cualesquier persona que se halle en peligro, independientemente de la nacionalidad o estatus de esas personas o las circunstancias en que fueron halladas”.
- Poner fin a los acuerdos de externalización de fronteras como es el caso del acuerdo del estado español con Marruecos y apostar por políticas que permitan el acogimiento de estas personas en los países europeos.
- Ratificar la Convención de los Trabajadores Migrantes y sus familias e impulse la ratificación de la misma por parte de la UE y los estados miembros.
Estas son algunas de las que, consideramos, son mas urgentes en su aplicación.
