El Real Decreto-ley 16/2012 acabó con la universalidad del acceso a la salud en España. Desde su entrada en vigor el 1 de septiembre de 2012 y hasta hoy, Día Mundial de la Salud, suman ya 584 días de exclusión sanitaria, discriminación e injusticia. Cientos de miles de personas vulnerables, como la población inmigrante en situación irregular, se encuentran en situación de desamparo y su riesgo de exclusión es mayor al quedar fuera del derecho a la asistencia sanitaria.
“En Red Acoge conmemoramos el Día Mundial de la Salud compartiendo la preocupación de todas las personas que acuden a nosotros y nosotras buscando ayuda, sin saber ya a qué tienen derecho y a que no, si podrán ser atendidas en un hospital público ante una emergencia o si sus hijos e hijas también serán excluidos”, lamenta Inés Díez, responsable del área jurídica de Red Acoge. A pesar de que las urgencias, las y los menores de edad y las mujeres embarazadas sí son atendidos, a Red Acoge han llegado casos donde no se ha atendido a algunas de las personas incluidas en estos supuestos.
Las soluciones dadas en un primer momento por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, asegurando que serían las organizaciones sociales quienes cubrirían la asistencia de esas personas no ha hecho más que incrementar la precariedad. “No está en nuestras manos atender a este colectivo, debe ser un derecho garantizado por el Estado”, asegura Díez, quien añade que “en la práctica lo que ha ocurrido es que se han creado sistemas alternativos de salud”. En la actualidad, las personas excluidas deben contratar una póliza privada, que en la práctica resulta inaccesible ya que cuentan con escasos recursos económicos.
Red Acoge considera que España no está cumpliendo sus responsabilidades y recuerda que el Comité Europeo de Derechos Sociales ya ha advertido al Gobierno de que está incumpliendo el derecho europeo. El Comité manifestó en su informe sobre España difundido el 28 de enero que la exclusión generalizada de las personas migrantes en situación irregular del Sistema Nacional de Salud constituye una violación de su derecho a la protección de la salud dado que les impide acceder a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones con las demás personas sometidas a la jurisdicción del Estado. A pesar de esto, el Ministerio de Sanidad no ha mostrado intención de rectificar.
“Seguimos y seguiremos trabajando para que se modifique esta ley, que resulta vergonzosa y que no hace más que crear categorías entre ciudadanos y ciudadanas, abocando a los más excluidos a una mayor marginalidad”, concluye Díez.
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Manuel Sobrino. Responsable de Comunicación de Red Acoge
C/ Cea Bermúdez 43, 3ºB 28003, Madrid
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