Según la ONU la violencia contra la mujer “es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre”. Y sigue: (…) “a la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo y que (…) es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre”. Por tanto, utiliza el concepto de violencia contra la mujer en un sentido amplio.
Nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, define la violencia de género, «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, que se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia», y «comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad» Podemos comprobar que en esta ley, el concepto de violencia de género es más restringido que en la normativa de referencia mundial y europea.
Se han contabilizado 44 mujeres asesinadas por sus parejas en lo que llevamos de año 2018 pero es solo la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres. No podemos olvidar otros tipos de violencia además de la física como la violencia psicológica, sexual y económica o patrimonial ni por supuesto la violencia ejercida contra las casi 300 mujeres víctimas de trata y explotación sexual en España.
Mujeres de cualquier condición son susceptibles de ser víctimas de esta violencia, sin embargo, algunas de ellas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Las mujeres inmigrantes son ejemplos de estas situaciones ya que se enfrentan no sólo a una discriminación estructural por ser mujer, sino que además tienen que hacer frente a discriminaciones de otro tipo por clase, etnia o cultura, – también estructurales en España- que las coloca en una posición de indefensión a la hora de denunciar, a la hora de rehacer sus vidas y, en definitiva, a la hora de ejercer sus derechos.
Muchas entidades de la sociedad civil en España están trabajando activamente por la igualdad y la erradicación de la violencia a través de proyectos de sensibilización, visibilización, prevención y denuncia de la violencia machista y la discriminación hacia las mujeres. Desde la realidad de nuestro trabajo en Salamanca Acoge vemos que los servicios públicos que existen no son suficientes y que muchas mujeres no se atreven a dar pasos definitivos, como la interposición de una denuncia, por falta de apoyo y red social. En ese sentido las redes comunitarias aportan más pues ofrecen acompañamiento en momentos críticos a las mujeres migrantes solas o con escasa red social inmersas en procesos de violencia.
Es necesario que la condición de inmigrantes no prime sobre la condición de víctima y que pueda disfrutar de todos los derechos que tiene sin sentir miedo a ser expulsada, criminalizada o encerrada. La sociedad actual es diversa y es necesario reconocer los múltiples aspectos de identidad que enriquecen nuestras vidas y experiencias y que componen y complican las opresiones y marginaciones. Es necesario, en definitiva, crear políticas públicas adaptadas a la diversidad en un plano de igualdad.
