A
todas las fuerzas políticas
Ante los acuerdos alcanzados
para la formación de Gobierno en Andalucia, desde Red Acoge queremos recordar a
todas las fuerzas políticas que los derechos humanos no son negociables y están
por encima de cualquier ideología política.
Con relación a los derechos de
las personas migrantes, en el punto 27 y 28 del acuerdo señalan el compromiso
entre el Partido Popular y Vox de:
27. Cumplir con la legislación vigente en
materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer
un “efecto llamada” y combatir a las mafias que trafican con personas.
28. Apoyar material, humana y
documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen
encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración
ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre
al mercado laboral.
En este sentido recordamos a
todas las fuerzas políticas que:
1.
Legislación vigente en materia de inmigración
El art. 3 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, señala claramente que las personas extranjeras
gozarán en España de los mismos derechos y libertades reconocidos en el Título
I de la Constitución.
Asimismo subraya que, estas
normas se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y con los Tratados y Acuerdos internacionales sobre las mismas materias
vigentes en España.
España tiene ratificados el
Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de
derechos económicos, sociales y culturales, la Convención derechos del Mar y la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial. Todos ellos de obligado cumplimiento para el Estado
español.
Además, el pasado 10 de
diciembre, el Estado español firmó el Pacto Mundial para una Migración Segura,
Ordenada y Regular que supone un abordaje internacional de las políticas
migratorias anclándolas en el derecho internacional de los derechos humanos.
2.
Efecto llamada
La migración, es intrínseca al
ser humano, ha sido y es una realidad
que no se puede ni se debe frenar. Las personas son expulsadas de sus propios
países por la pobreza, la violencia, la discriminación y la mala gobernanza.
No existe un efecto llamada.
Las personas se ven obligadas a abandonar sus países y buscan las rutas para
hacerlo. Cuando unas rutas son bloqueadas se buscan otras independientemente
del peligro que suponga para sus vidas.
En este sentido, el Pacto
Mundial para la Migración señala la importancia de crear vías seguras abriendo
canales ordinarios para la migración desde los propios países de origen.
3.
Políticas de protección de fronteras
Las políticas de disuasión,
externalización, militarización y robustecimiento de la seguridad del control
de fronteras llevadas a cabo por la mayoría de países causan miles de muertes y
suponen una grave vulneración del derecho a la vida de las personas migrantes.
El concepto de “protección de
fronteras” criminaliza en sí mismo a las personas que se juegan la vida por
llegar al territorio español, al prejuzgar la necesidad de establecer medidas
concretas de defensa para evitar el supuesto “daño” causado por migrantes.
Frente a esto, los acuerdos
internacionales firmados por el Estado español señalan que las políticas de
control y gestión de fronteras deben garantizar los derechos de las personas
migrantes y no crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras.
La imposición de limitaciones
a la migración es parte del problema, no de la solución.
4. Una inmigración ordenada, legal, respetuosa con
nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral
Recordamos que el Estado
español firmó en 10 de diciembre el año 2018 el Pacto Mundial sobre Migración
para una Migración Segura, Ordenada y Regular, conceptos muy diferentes a los
planteados en el acuerdo entre las fuerzas políticas del PP y Vox.
En cuanto al término “legal”
recordamos el rechazó internacional al calificativo “ilegal” para referirse a
una persona sin documentos porque este término estimula la estigmatización e
incluso la criminalización de migrantes que se encuentran en una situación de
regularidad administrativa.
Con relación al planteamiento
de garantizar una inmigración respetuosa con a nuestra cultura occidental,
recalcamos que la obligación de los poderes públicos es garantizar una
migración respetuosa con los derechos humanos, sin discriminación alguna,
independientemente de su cultura.
Recordamos que la Ley de
extranjería en su art. 21 señala que “representa discriminación todo acto que,
directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o
preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o
el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que
tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales en el campo político, económico, social o cultural”.
Por otro lado, la vinculación
de la migración “siempre” al mercado laboral supone una mercantilización de las
personas y una restricción al importante papel que las personas migrantes
juegan como impulsoras y facilitadoras del desarrollo humano. Su integración
social en los países de acogida tiene un efecto positivo en el conjunto de la
sociedad.
Como han señalado los
principales órganos de Naciones Unidas en reiteradas ocasiones, todas las
personas migrantes deben ser reconocidas y tratadas con respeto y dignidad como
titulares de derechos en condiciones de igualdad. Los Estados tienen la
obligación de respetar, proteger y garantizar a estas personas en todas las
etapas de su proceso migratorio.
